Propietarios de inmuebles expropiados no aceptan venderlos a inmobiliaria del gobierno

Vecinos del conjunto residencial Auyantepuy y La Encantada, en Macaracuay  rechazan la resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, la cual establece que los inmuebles de los urbanismos intervenidos o expropiados a partir de 2010 sólo podrán ser vendidos a la Inmobiliaria Nacional durante los primeros cinco años desde la fecha de protocolización.

Arturo López, miembro del consejo comunal del sector, dijo que la medida viola el derecho a la propiedad privada. Agregó que el conjunto residencial Auyantepuy fue construido con el financiamiento de la banca privada y fondos de los propietarios y que el Gobierno no aportó nada, por lo cual considera que no puede reservarse el derecho de preferencia ni imponer condiciones o limitar la venta a terceros.

Declaró que la medida, publicada en la Gaceta Oficial número 40186, los perjudica porque ahora el Ejecutivo fijará los precios de venta de los inmuebles muy por debajo del mercado. Se ajustarán al método de cálculo fijado en la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en caso de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad, sin considerar la inflación ni la devaluación del tipo de cambio.

 “Las personas que adquirieron las viviendas hace cinco años tenían diferentes planes. Algunos quieren vender ahora para comprar en un lugar mejor o irse del país, otros se han divorciado y necesitan repartir los bienes. El Gobierno no puede violar nuestros derechos y obligarnos a venderle a un precio que ellos fijen”, reclamó.

Otra vecina de la zona señaló que el urbanismo fue intervenido en 2010 y la junta interventora, presidida por Edmée Betancourt en ese entonces, rechazó la propuesta que hizo Enrique Luque, representante del Ministerio de la Vivienda, sobre la venta de los inmuebles al Gobierno y ahora que ella no está fue aprobada la medida.

Expresó que después de tanto tiempo de espera por los apartamentos, el miércoles pasado les avisaron a los propietarios que en 15 días se protocolizarían.

Revalorizados

Beatriz de Guerra, dueña de un apartamento en La Encantada, afirmó que su inmueble se ha revalorizado en los últimos años. "Y es mi patrimonio y el de mi familia". Añadió que el costo de la vivienda se depreciaría y ella perderá la inversión realizada en las remodelaciones y las mejoras que se han ejecutado en el conjunto residencial si el Gobierno fija un precio sin considerar el mercado.

“Aunque no pienso vender mi casa ni a corto ni a mediano plazo, la medida nos afecta porque los apartamentos se estaban vendiendo, lo que implica la llegada de nuevas familias al urbanismo con las cuales compartiríamos el pago de condominio y vigilancia, más el arreglo de las áreas comunes. Ahora se paralizarán las mudanzas o quién sabe que tipo de gente ingresará”.  

Los vecinos coinciden en que analizarán las implicaciones legales de la medida para posteriormente  introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad deldecreto.

Fuente: El Nacional. 14 de junio de 2013.