Defensora del Pueblo presenta anteproyectos de Ley en materia de arrendamiento inmobiliario ante la AN

Por: Prensa Defensoría del Pueblo
Fecha de publicación: 26/08/10

Fuente: Aporrea.org

Gabriela Ramírez 26 de agosto de 2010.-Este jueves en su programa de radio La Voz de la Defensoría, la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, señaló ha venido contribuyendo con el trabajo desarrollado por la Asamblea Nacional, a fin de legislar en materia de arrendamiento inmobiliario. En este sentido, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó ante el Poder Legislativo el Anteproyecto de Ley de Adquisición de Propiedad para Arrendatarios en Condición Especial y en Anteproyecto de Ley de Procedimiento de Arrendamiento Inmobiliario para Inmuebles destinados a Vivienda, a fin de contribuir con la preparación de leyes que permitan proteger los derechos e intereses de las personas que viven en alquiler en nuestro país. Al respecto, la máxima representante de la Defensoría del Pueblo indicó que una de las propuestas presentadas por su Despacho es que las personas que se encuentran en situación de arrendamiento por 20 años o más puedan acceder a la adquisición de la misma, pero tomando en cuenta las situaciones sociales del arrendatario o las personas que viven alquiler. Asimismo, se refirió a sus observaciones para evitar desalojos arbitrarios, puesto que los mismos contravienen todo lo que es la arquitectura constitucional. La Defensora del Pueblo afirmó que “Caracas tiene importantes sectores de clase media donde las personas viven desde hace muchos años bajo la condición de arrendatario y no han podido acceder a una vivienda, mientras que los propietarios, cuyos rostros se desconocen, han abandonado el país y las administradoras se han ocupado del cobro de los alquileres”. En este sentido, recordó que “no es una persona que tiene un apartamentito que lo alquila, sino que son administradoras que poseen importantes conjuntos residenciales, por ejemplo, en Bello Monte, Chacao, Santa Mónica, por lo cual se ha hecho bastante cuesta arriba el acceso a este derecho”. Gabriela Ramírez explicó que en ocasiones las personas son “chantajeadas” por los propietarios y se utilizan diversos mecanismos como los desalojos forzados, medidas de secuestro del inmueble y el acoso inmobiliario para menoscabar los derechos humanos de la gente, razón por la cual puntualizó que es necesario “tener un conglomerado de legisladores comprometidos con los derechos y las necesidades de la gente para atacar estas nuevas afrentas y estos aspectos deben seguir siendo trabajados por la Asamblea Nacional apenas a 20 días de unas nuevas elecciones”. Ramírez refirió que, particularmente, “el acoso inmobiliario (cortan el agua, la luz, el gas) es en la práctica una estrategia de asedio para que la gente tenga que abandonar la vivienda” y, por eso, debe existir una legislación que impida este tipo de atropellos que se han convertido en una amenaza para cientos de miles de familias que se mantienen en condición de arrendatarios y arrendatarias de inmuebles destinados a la vivienda. Igualmente, la Defensora del Pueblo aseveró que las instituciones del Estado venezolano competentes en esta materia han venido trabajando en la garantía plena del acceso a la vivienda y, en este sentido, recordó que “nada más en el año 2009 se dictó una resolución en la cual se establece un 10 por ciento del porcentaje mínimo de la cartera bruta anual de las instituciones financieras para que de forma obligatoria otorguen créditos hipotecarios para que las personas puedan adquirir sus viviendas o construir viviendas principales”. En este sentido, hizo un llamado a la banca privada para que se incorpore al otorgamiento de créditos que les permitan a las personas acceder a una vivienda, ya que “el pueblo que es beneficiario de estos créditos nunca va a dejar de pagarlo porque es su vivienda principal”. La Defensora del Pueblo también señaló que en los últimos años han bajado los intereses de los créditos relativos a créditos hipotecarios, mediante una resolución emitida por el Banco Central de Venezuela en el año 2009 para que se modificara la tasa de interés social máxima y la tasa de interés social especial aplicable a créditos hipotecarios. Finalmente, insistió en que el Estado venezolano ha establecido diversos mecanismos como la eliminación de los créditos indexados y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin embargo, “el capital siempre va a buscar como un callejoncito por donde evadir la constitución y los principios garantistas de los derechos humanos que tiene nuestro texto constitucional”. Por su parte, el diputado Darío Vivas, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, expresó que, en los últimos meses, “el atropello de la gente que vive alquilada se ha desatado, yo no sé si es por el proceso de la campaña electoral, pero se ha generado toda una jornada de desalojo forzado, la gente se entera de que tiene el juicio es cuando le notifica que tiene que salirse, cosa que tenemos que resolver también en la ley”. Indicó que, desde la Asamblea Nacional, se ha trabajado permanentemente sobre el tema de la vivienda permanentemente, porque “la cámara de la construcción y la cámara inmobiliaria, que está adscrita a Fedecámaras, han tenido una práctica de usura que impide que la gente de muy buena fe, con mucho sacrificio, pueda comenzar a tener acceso a un plan de vivienda”. En este sentido, el Diputado recordó que AN desarrolló toda una legislación para enfrentar el problema de los créditos indexados en otros tiempos, pero “los constructores en lugar de tomar conciencia de que no pueden seguir haciendo estas prácticas que violan la Constitución, inventaron otros mecanismos como el cobro del IPC”. Recordó que el antiguo Mopvi eliminó el cobro del IPC para la construcción de las viviendas, sin embargo, “la cámara de la construcción, las inmobiliarias y algunos constructores particulares ha intentado que se elimine esa resolución y en cuatro oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia a fallado a favor de esta medida, ya que se ajusta a lo que dice la Constitución, demostrando que el cobro del IPC es ilegal, pero todavía en estos momentos lo siguen cobrando”. Señaló que en estos momentos se está trabajando de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Pueblo, la Procuraduría General de la República, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, entre otros, acerca de una propuesta que pueda frenar los desalojos forzados que vienen desarrollando en el país al igual que el tema del acoso inmobiliario para que se establezca alguna normativa para que pueda evitarse estas medidas. Para finalizar, indicó que la Asamblea Nacional recibió todas las observaciones y recomendaciones aportadas por la Defensoría del Pueblo y consideró que el Anteproyecto de Ley de Adquisición de Propiedad para Arrendatarios en Condición Especial pueda ser discutido próximamente en plenaria.