Fuente: EL UNIVERSAL
MAYELA ARMAS
sábado 5 de marzo de 2011 12:00 AM
La propuesta de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, presentada ante la Asamblea Nacional, obliga a las empresas constructoras que están realizando nuevos desarrollos habitacionales a orientar una parte de las viviendas al alquiler.
El proyecto, elaborado por las organizaciones que agrupan a los inquilinos, contempla un capítulo para las constructoras y allí se indica que "con el objeto de estimular la participación privada, las constructoras de más de cinco inmuebles deberán destinar mínimo 25% de esas unidades habitacionales para el arrendamiento".
Ante la obligatoriedad prevista en el texto, las constructoras cuando programen desarrollos habitacionales también tendrán que solicitar permisos a la Dirección de Inquilinato para ejecutar los proyectos.
El artículo 75 de la propuesta señala que "las empresas deberán previo inicio del proyecto de construcción, notificar a la Dirección de Inquilinato y el Ministerio de la Vivienda la cantidad de soluciones a construir y determinar el tiempo de construcción. Queda expresamente establecido que sin la carta aval de la Dirección Nacional de Inquilinato no se podrá dar inicio a la obra".
Adicionalmente, esa Dirección de Inquilinato tendrá la potestad de designar los inmuebles que serán arrendados en los desarrollos habitacionales.
De acuerdo al texto, las empresas tienen que proveer la información sobre los costos de construcción a los efectos de fijar el canon de arrendamiento de las unidades habitacionales a ser alquiladas. "A tales efectos, el precio del arrendamiento será el que resulte del costo de construcción".
El proyecto señala que aquellas empresas que realicen viviendas para alquiler tendrán exoneraciones en el pago del Impuesto sobre la Renta.
Esa propuesta de reforma de Ley de Arrendamientos crea más controles al sector construcción. Ya la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda establece regulaciones, debido a que este texto indica que el Estado será el encargado de establecer los lineamientos para la inversión privada en materia habitacional y además fijará los parámetros para determinar la estructura de costos de los proyectos y los precios del metro cuadrado de construcción.
Preferencia
La propuesta que está en manos del Parlamento, expresa que aquellos inquilinos que tengan sentencia firme de desalojos deberán ser ubicados en las viviendas que hayan sido seleccionadas por la Dirección de Inquilinato para arrendar.
Según el texto, "esos inquilinos tendrán un derecho de preferencia sobre cualquier otro".
En las disposiciones se indica que todas las personas con necesidad de viviendas y que estén en capacidad de cancelar un canon de arrendamiento mensual, deben inscribirse en la Dirección de Inquilinato, "debido a que será la única instancia encargada para asignar los inmuebles".
Esta propuesta será revisada por una comisión especial nombrada por el presidente de la Asamblea, Fernando Soto.
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