Apiur pide anulación de la ley de arrendamiento ante el TSJ

Tomado de Entorno Inteligente en la web
18-11-2011

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) introdujo ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la Ley de Arrendamientos, promulgada por el presidente de la República, Hugo Chávez, días atrás.El directivo de Apiur, Roberto Orta, explicó que uno de los argumentos por el cual se solicita la anulación es que es "inconstitucional", debido a que viola los derechos a la propiedad y vivienda, contemplados en la Carta Magna y convenios internacionales suscritos por la República.El presidente de Apiur también pidió al máximo tribunal que se pronuncie sobre el recurso de nulidad que fue introducido meses atrás contra la Ley de Desalojos Arbitrarios."Ambas normas impiden que el propietario pueda recuperar sus viviendas alquiladas, lo que está afectando a millones de propietarios que han invertido en un inmueble para tener ingresos adicionales en un país con salarios bajos o para sustituir un seguro social, que no funciona", indicó Orta al tiempo que solicitó a la Comisión Judicial del TSJ la anulación del oficio que prohibe al poder judicial ejecutar desalojos de viviendas."La Ley Orgánica del TSJ establece unos lapsos para dar respuesta, pero solicitamos celeridad, porque esta ley está vulnerando derechos constitucionales esenciales", dijo Orta.Propietarios que respaldan a Apiur presentes en el TSJ denunciaron que violaciones a la propiedad privada (como invasiones) se incrementaron esta semana, tras la firma de la ley por parte del primer mandatario nacional.El coordinador de la Asociación de Ciudadanos de La Candelaria, Carlos Julio Rojas, explicó que esta semana fueron invadidos tres edificios: uno en La Candelaria, uno en Santa Rosalía y otro en Quinta Crespo. "Ellos llegan a los edificios y dicen que no tienen viviendas, pero resulta que estas invasiones se convierten en focos de violencia y refugios de malandros, además, viven en malas condiciones", indicó.Rojas también comentó que estos decretos que amparan a los inquilinos han generado una dinámica de "extorsión"."Por ejemplo, los inquilinos piden dinero para salir del apartamento; incluso se han dado amenazas de muerte", denunció Rojas, quien anunció que hoy se llevará o a cabo una protesta de vecinos de La Candelaria para denunciar estos hechos.Medidas foráneas y audienciasEl directivo de Apiur anunció que próximamente elevará estas denuncias a instancias internacionales "para hacer valer los derechos de los propietarios" que consideran han sido violados por el Ejecutivo nacional con estas legislaciones: Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Mercosur.Además, Roberto Orta pidió una audiencia con el presidente y vicepresidente de la República, Hugo Chávez y Elías Jaua, para explicar por qué esa red considera que estas legislaciones violan los derechos de 1,5 millones de venezolanos que cuentan con un inmueble en alquiler."Queremos que se cumpla aquello del pueblo propietario; nosotros también somos venezolanos y queremos ser escuchados y que se respeten nuestros derechos", indicó.Además, pidió a los propietarios que "se unan a esta lucha por la propiedad y patrimonio familiar" y anunció que el próximo jueves se llevará a cabo una gran asamblea, en la cual participarán propietarios afectados por la Ley de Arrendamientos, expropiaciones de estacionamientos y dueños de locales en el Centro Comercial Sambil de La Candelaria, que no han sido indemnizados.Próximamente, otras organizaciones de propietarios introduciremos otros recursos de nulidad contra esas legislaciones, informaron desde el TSJ.Baja oferta de alquilerOrta destacó que desde el año pasado hasta ahora se ha reducido la oferta de viviendas en alquiler en 70%, debido a que los propietarios han perdido la seguridad jurídica sobre sus bienes. "Estas leyes tienen fines ideológicos, populistas y electorales", dijo.Recordó que el TSJ debe dar pronunciamiento a varios recursos introducidos hasta el momento: uno de reconsideración y jerárquico contra el oficio que emitió la Comisión Judicial del TSJ con la prohibición de ejecutar los desalojos forzosos.El otro recurso, introducido en mayo, es contra la Ley de Desalojos Arbitrarios. El argumento de Apiur en ese caso es que el Presidente de la República no tiene la facultad para legislar en materia inquilinaria. Ileana García Moraigarcia@cadena−capriles.com