Preventas: Más de 40 mil afectados en Carabobo por cobro indebido
FUENTE: EL CARABOBEÑO
TSJ admitió demanda para la eliminación del IPC en la adquisición de vivienda
Mary Carmen Arias
Caracas, abril 28 (REDACTA).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda interpuesta por la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), de anulación del cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC) para la adquisición de vivienda, que afecta a una gran cantidad de familias en todo el país. Sólo en Carabobo hay más de 40 mil casos.
El diputado Darío Vivas, acompañado de Arnoldo Benítez, presidente de Fevacu, efectuarán una asamblea general en el Hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional (AN), el próximo miércoles seis de mayo, para orientar a las personas estafadas, a fin de que se adhieran a la demanda que cursa en el TSJ.
Se espera que en las próximas horas, el ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, anuncie la derogatoria de la resolución 98 del 10 de noviembre de 2008, de ese despacho que establece el cobro del IPC, por considerar que la misma atenta contra la estabilidad de las familias afectadas.
Vivas aseguró que el fallo establecerá la retroactividad de los contratos y la reestructuración de éstos, toda vez que se trata de unas cien mil familias venezolanas sometidas a la especulación practicada por las empresas constructoras, a través de financiamientos en las operaciones de compra-venta de viviendas.
En Venezuela existe jurisprudencia en cuanto a la indexación y la usura, de allí el optimismo de los denunciantes al considerar que la decisión del TSJ favorecerá a las familias y eliminará la práctica “grosera” que aplican las constructoras, al anular de manera unilateral los contratos y devolver el dinero a los compradores para vender las viviendas a mayor costo.
Paralizado el proyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria
El Proyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria de Vivienda Principal, adelantado por la presidenta de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat, diputada Laura Valls, queda paralizado hasta que el TSJ se pronuncie sobre la demanda en contra del cobro del IPC.
Los ciudadanos no deben sentir temor a que le rescindan su contrato, porque esto no puede hacerse en forma unilateral y además, deben negarse a pagar el IPC. “Cuando la constructora los amenace con invalidar el contrato, recuérdenle que ya hay una demanda en el TSJ”, alertó el presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), Arnoldo Benítez, quien invitó a visitar la página web www.defiendete.org, a fin de obtener mayor información.
Caracas, abril 28 (REDACTA).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda interpuesta por la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), de anulación del cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC) para la adquisición de vivienda, que afecta a una gran cantidad de familias en todo el país. Sólo en Carabobo hay más de 40 mil casos.
El diputado Darío Vivas, acompañado de Arnoldo Benítez, presidente de Fevacu, efectuarán una asamblea general en el Hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional (AN), el próximo miércoles seis de mayo, para orientar a las personas estafadas, a fin de que se adhieran a la demanda que cursa en el TSJ.
Se espera que en las próximas horas, el ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, anuncie la derogatoria de la resolución 98 del 10 de noviembre de 2008, de ese despacho que establece el cobro del IPC, por considerar que la misma atenta contra la estabilidad de las familias afectadas.
Vivas aseguró que el fallo establecerá la retroactividad de los contratos y la reestructuración de éstos, toda vez que se trata de unas cien mil familias venezolanas sometidas a la especulación practicada por las empresas constructoras, a través de financiamientos en las operaciones de compra-venta de viviendas.
En Venezuela existe jurisprudencia en cuanto a la indexación y la usura, de allí el optimismo de los denunciantes al considerar que la decisión del TSJ favorecerá a las familias y eliminará la práctica “grosera” que aplican las constructoras, al anular de manera unilateral los contratos y devolver el dinero a los compradores para vender las viviendas a mayor costo.
Paralizado el proyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria
El Proyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria de Vivienda Principal, adelantado por la presidenta de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat, diputada Laura Valls, queda paralizado hasta que el TSJ se pronuncie sobre la demanda en contra del cobro del IPC.
Los ciudadanos no deben sentir temor a que le rescindan su contrato, porque esto no puede hacerse en forma unilateral y además, deben negarse a pagar el IPC. “Cuando la constructora los amenace con invalidar el contrato, recuérdenle que ya hay una demanda en el TSJ”, alertó el presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), Arnoldo Benítez, quien invitó a visitar la página web www.defiendete.org, a fin de obtener mayor información.
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