Opinión: ¿Vendería su inmueble al precio que lo compró?
Martes, 16 de noviembre de 2010
La respuesta a esta pregunta desnuda la falta de lógica, asidero y consistencia de la política pública sancionadora y punitiva que adelanta el Ejecutivo Nacional contra el sector privado de la construcción.
En Venezuela, país con la más alta inflación en el planeta tierra, los precios, la valoración en el mercado y los costos de bienes y servicios están impactados por un proceso de ajuste al alza, que por más que no se quiera aceptar o reconocer, no dejará de estar presente generando distorsiones y pérdida en el poder de compra de los mermados salarios e ingresos de los venezolanos.
Volviendo a la pregunta, si usted no vendería hoy su inmueble comprado a un precio determinado tiempo atrás, al precio de adquisición, ante la pérdida de poder de compra del Bolívar, ¿creerá que algún otro individuo haría lo mismo o algo distinto? Esto es lo que ocurre con un bien durable, que para su producción –como la ejecución, construcción y finalización de un inmueble- se requiere de un periodo de tiempo determinado a lo largo del cual tanto insumos como el valor del inmueble varía en el tiempo. El punto crucial del tema se basa en la propiedad y el financiamiento del bien. Quien detente la propiedad sobre el agente económico que desarrolla la producción del bien, se enfrente a los riesgos sistémicos e idiosincráticos de la actividad económica, financie la actividad y asuma los costos incrementales de insumos y procesos -producto de la inflación-, y detente total o parcialmente la propiedad del bien construido, podrá, limitado por la competencia y la elasticidad de la demanda, transferir, cuando menos parcialmente y/o ponderado, a los precios la estructuras de costos, incluida la remuneración de la actividad económica –incentivo lógico en cualquier actividad económica-.
Aun así, podríamos preguntarnos, ¿existe alguna falla de mercado que pudiera implicar la toma de decisiones no eficientes por parte de los agentes económicos involucrados en el sector –oferentes y demandantes-?, la respuesta es que podría existir, materializada a través de la incertidumbre de un proceso inflacionario que incrementa los precios y costos de bienes, servicios e insumos.
¿Es responsabilidad de los oferentes y demandantes el proceso inflacionario que vive el país?, la respuesta es no. Por el contrario, ambos son víctimas de este flagelo, responsabilidad del Ejecutivo Nacional, provocado por su atino o desatino en política macroeconómica, fiscal y de fomento de la actividad económica. Ambos son víctimas porque por el lado de la demanda no existe certidumbre sobre la valoración final del bien, lo que complica la toma de decisiones sobre la compra, solicitud de crédito y conocimiento de su capacidad de pago a lo largo del tiempo. Por el lado de la oferta, existe una exposición al riesgo de escenarios de costos y precios cambiantes de insumos, incluso al punto que la posibilidad de traslado hacia el precio final se ve comprometida, no por una regulación irresponsable como la instrumentada en el país, sino por el nivel de elasticidad de la demanda, el nivel de “prescindibilidad” del bien y la capacidad de pago del cliente. Adicionalmente, por más hábil que sea el constructor en anticipar los cambios en precios y costos de los insumos, siempre existirá falta de precisión y exactitud en tales estimaciones. Peor aún en el caso que simplemente se vea con prejuicios el normal traslado de costos a lo largo de la cadena de valor.
Ahora bien, una vez que existe tal mal social, la inflación, ¿la solución es que no forme parte de la formación de precios, ni se reconozca su impacto sobre la estructura de costos? Primero, prohibir la imputación o consideración de la inflación y el incremento de los costos en los precios no resuelve el mal, la inflación. Segundo, el “remedio” puede ser peor que la enfermedad. Nadie se descapitalizará para financiar una actividad económica en la cual se entrega un bien que vale más de lo que se le paga por él y lo que se paga es inferior al costó de producirlo. La destrucción de incentivos a la actividad económica de la construcción podría comprometer más la posibilidad de reducir el déficit habitacional nacional, calculado en unas 2 millones de unidades habitacionales.
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