Preventas: Denuncian a inmobiliarias que rescinden contratos de forma unilateral
23 de Enero de 2009 | Referencia: El Mundo
El hecho de que el pasado 10 de noviembre el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat dictara una resolución en la que obliga a los promotores inmobiliarios a fijar fechas de entrega de inmuebles en construcción con el objeto de poner orden en el cobro del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) no ha logrado calmar las aguas y es por eso que todavía se escuchan las quejas de compradores a quienes no se les han entregado sus viviendas y mientras continúan pagando el ajuste por inflación.
Oscarina Perdomo compró un apartamento en Parque Caiza a la promotora Banpaís. La empresa cambió la fecha de entrega en dos ocasiones y ahora prometió cumplir en marzo de 2009. Entre tanto, sigue pagando Inpc.
Yetzabel Gutiérrez se postuló para un inmueble en Tejados de San Isidro, ubicado en el municipio Los Guayos del estado Carabobo. La negociación la hizo en agosto de 2007 y la fecha de protocolización estaba prevista para junio de 2008. En septiembre pasado le comunicaron que le entregarían en diciembre y ahora cambiaron de planes, para diciembre de este año. Aunque las casas están listas, tendrá que seguir pagando Inpc hasta la fecha de firma de la venta, pues el proyecto espera que el municipio apruebe la habitabilidad.
Los casos de ambas afectadas se quedan cortos cuando se escucha la queja de otros que compraron en 60.000 bolívares fuertes y a la hora de protocolizar el inmueble se enteran de que su deuda ha llegado a Bs.F. 110.000 a causa del ajuste por inflación y, peor aún, de que la diferencia no la pueden cubrir con el crédito del banco. La consecuencia inmediata de este hecho es la rescisión del contrato como denunciaron afectados que asistieron a un foro celebrado ayer en la Asamblea Nacional.
Compradores de los estados Carabobo, Zulia, Lara, Miranda y Caracas señalaron que en muchos casos las inmobiliarias amenazaron con rescindir unilateralmente los contratos en vista de las acciones que han asumido para poner un límite al cobro del Inpc más allá de la fecha prometida de culminación de la obra.
Laura Valls, presidenta de la subcomisión de Vivienda de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, dijo que la instancia que representa ha detectado debilidades en la resolución 98 del 10 de noviembre pasado, lo cual, aseguró, está permitiendo a los promotores y constructores rescindir los contratos por su cuenta haciendo una mala interpretación de la norma.
De allí que la instancia prevé ampliar la resolución para hacer precisiones de manera de evitar interpretaciones erróneas.
Lo que sí descartó fue la eliminación del cobro del ajuste por inflación a los contratos, como propuso el diputado Rafic Souki, miembro de la Comisión de Finanzas.
ALERTA
El evento de la AN congregó no sólo a parlamentarios y a afectados; también estuvieron presentes promotores de distintos estados y dirigentes gremiales.
Fernando Azpúrua, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, advirtió que acabar con el mecanismo de preventa evitaría que muchos venezolanos puedan acceder a un techo propio pagando una inicial fraccionada. Aseguró que cubrir el costo de un inmueble sólo con financiamiento de la banca sería cuesta arriba para la mayoría.
Mientras Francisco Neri, su homólogo en la Cámara Inmobiliaria, ofreció colaborar para instruir a sus afiliados respecto al tema y consideró prudente que los casos especiales sean tratados aparte.
Oscarina Perdomo compró un apartamento en Parque Caiza a la promotora Banpaís. La empresa cambió la fecha de entrega en dos ocasiones y ahora prometió cumplir en marzo de 2009. Entre tanto, sigue pagando Inpc.
Yetzabel Gutiérrez se postuló para un inmueble en Tejados de San Isidro, ubicado en el municipio Los Guayos del estado Carabobo. La negociación la hizo en agosto de 2007 y la fecha de protocolización estaba prevista para junio de 2008. En septiembre pasado le comunicaron que le entregarían en diciembre y ahora cambiaron de planes, para diciembre de este año. Aunque las casas están listas, tendrá que seguir pagando Inpc hasta la fecha de firma de la venta, pues el proyecto espera que el municipio apruebe la habitabilidad.
Los casos de ambas afectadas se quedan cortos cuando se escucha la queja de otros que compraron en 60.000 bolívares fuertes y a la hora de protocolizar el inmueble se enteran de que su deuda ha llegado a Bs.F. 110.000 a causa del ajuste por inflación y, peor aún, de que la diferencia no la pueden cubrir con el crédito del banco. La consecuencia inmediata de este hecho es la rescisión del contrato como denunciaron afectados que asistieron a un foro celebrado ayer en la Asamblea Nacional.
Compradores de los estados Carabobo, Zulia, Lara, Miranda y Caracas señalaron que en muchos casos las inmobiliarias amenazaron con rescindir unilateralmente los contratos en vista de las acciones que han asumido para poner un límite al cobro del Inpc más allá de la fecha prometida de culminación de la obra.
Laura Valls, presidenta de la subcomisión de Vivienda de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, dijo que la instancia que representa ha detectado debilidades en la resolución 98 del 10 de noviembre pasado, lo cual, aseguró, está permitiendo a los promotores y constructores rescindir los contratos por su cuenta haciendo una mala interpretación de la norma.
De allí que la instancia prevé ampliar la resolución para hacer precisiones de manera de evitar interpretaciones erróneas.
Lo que sí descartó fue la eliminación del cobro del ajuste por inflación a los contratos, como propuso el diputado Rafic Souki, miembro de la Comisión de Finanzas.
ALERTA
El evento de la AN congregó no sólo a parlamentarios y a afectados; también estuvieron presentes promotores de distintos estados y dirigentes gremiales.
Fernando Azpúrua, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, advirtió que acabar con el mecanismo de preventa evitaría que muchos venezolanos puedan acceder a un techo propio pagando una inicial fraccionada. Aseguró que cubrir el costo de un inmueble sólo con financiamiento de la banca sería cuesta arriba para la mayoría.
Mientras Francisco Neri, su homólogo en la Cámara Inmobiliaria, ofreció colaborar para instruir a sus afiliados respecto al tema y consideró prudente que los casos especiales sean tratados aparte.
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